Las organizaciones criminales se han convertido en los principales empleadores de la población con terribles consecuencias a gran escala.
Las organizaciones criminales han echado raíces en el entramado económico y social de México, al utilizar el dinero que obtienen a través de la venta de armas, drogas, tráfico de migrantes y trata de personas para adquirir empresas que después usan no sólo para lavar dinero, sino que les sirven para agilizar su logística.
Así lo afirma en entrevista Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia, especialista en estrategias antimafia.
“Cuando la delincuencia ocupa el tejido económico y social, se transforma en la principal fuente de trabajo para la población local, que depende de estas redes criminales para subsistir”, alerta.
Detalla que para cubrir sus necesidades de comida, transporte, hospedaje, almacenaje o de material para fabricar drogas, los traficantes obligan a los comerciantes a vender su negocio, a un precio que ellos imponen, y los obligan a continuar al frente de éste.
Para contextualizar lo que las familias viven en distintas poblaciones del país sirve un ejemplo que se repite frecuentemente. Sucede cuando algún personaje de un grupo criminal se acerca a un comerciante y lo obliga a “venderle” su negocio al precio que el “comprador” quiere y además le informa que seguirá al frente del negocio.
El especialista en estrategias antimafia señaló que el problema que ahora tiene el gobierno de México es que, como no reconoce el tamaño del cáncer que ya hizo metástasis en la vida política, en la vida social, económica y en el sistema legal, tampoco reconoce la impunidad que existe hoy en México.
“La delincuencia organizada adquiere estas estructuras empresariales no solamente para lavar dinero, sino las adquiere para obtener la logística, infraestructura, trasporte y distribución de sus propios bienes”.
En un estudio publicado en marzo de 2022 se habla concretamente del sector de la pesca; los grupos de crimen organizado en todo México, en especial el Cártel de Sinaloa (Pacífico), buscan monopolizar empresas pesqueras legales e ilegales a lo largo de toda la cadena de suministro vertical. Más allá de solo exigir una parte de las ganancias, dictan a las pesqueras legales e ilegales cuánto pueden pescar, insistiendo en que vendan lo capturado sólo a los grupos delictivos y en que los restaurantes, incluidos aquellos que atienden a turistas internacionales, compren pescado sólo de los grupos delictivos.
En la entrevista, Buscaglia aseguró que empresas como las dedicadas a la explotación, producción y distribución del pescado “terminan financiando campañas políticas, y los políticos termina diciendo aquí no pasa nada”.
El investigador señaló que “no es solamente es un problema de lavado de dinero el que se enfrenta en México, sino de corrupción política generalizada en los procesos electorales, en las contrataciones de obras públicas y ante todo en el sector legal. Cuando el cártel de Sinaloa adquiere la capacidad de procesar, distribuir y vender el pescado ilegal, toda esa capacidad empresarial, de producción y distribución se convierte en legal; son empresas legalmente constituidas, entonces, si no se desmantela todo eso, el fenómeno seguirá aumentando”.
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